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A la conservación no se llega por decreto

Actores Productivos

Nuestro país cuenta con 76 Áreas Naturales Protegidas de administración nacional, 25 de administración regional y 142 de conservación privada. En total superan las 23 millones de hectáreas, de las cuales 22.6 son terrestres y 460 mil marinas.

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El 17.6% de nuestra extensión territorial tiene formalmente preservada su biodiversidad. El Perú oficial, sin embargo, yace muy alejado del Perú real.

El 25 de septiembre de 1975, el general Francisco Morales Bermúdez y 6 de sus ministros firmaron el decreto que creaba la Reserva Nacional de Paracas, con una extensión de 335 mil hectáreas en las provincias de Pisco e lca (35% en tierra y 65% en el mar).

Se pretendía cuidar una gran diversidad, indispensable para el mantenimiento de distintos ciclos biológicos que garantizan la conservación de las especies. Se debían proteger, entre otros, a peces, crustáceos, moluscos, algas, mamíferos marinos, aves, tortugas, etc.

A pesar de los enunciados y buenas intenciones, según el diario digital INFOBAE, la flora y fauna de la Reserva de Paracas están en riesgo de desaparecer por la pesca ilegal que emplea artes prohibidos, chinchorros y explosivos.

Es permanente la acción de pescadores furtivos e ilegales que en la propia orilla de Paracas, ante la vista de los pobladores de la zona y con la indiferencia de las autoridades, utilizan elementos proscritos por las normas vigentes como la dinamita y artefactos como el “zumbador”.

Este último es empleado por quienes faenan con redes de cortina para capturar lisa y generan un impacto sonoro en el agua para espantar a los peces, acelerando el enmalle, así como reduciendo los tiempos de operación. Dicho método fue prohibido en 2009 por el Ministerio de la Producción, pero 12 años después, su uso sigue siendo frecuente y visible.

A esto se suma la decena de plantas ilegales que operan ante la pasiva complacencia de autoridades nacionales y regionales. Tales instalaciones cuentan con maquinaria y equipos modernos, sin poseer ningún permiso, protocolo o autorización (de esos que los entes oficiales requieren implacablemente a los formales).

En plena zona de amortiguamiento de la Reserva, que debería custodiarse celosamente, contaminan el aire y los drenajes; reciben pesca no autorizada; depredan recursos hidrobiológicos; explotan a trabajadores; defraudan al fisco y, en general, corrompen impunemente.

En los últimos 10 años solo dos pescadores fueron detenidos por este delito que es castigado hasta con cinco años de cárcel. La pesca ilegal es descargada en los desembarcaderos oficiales del Estado, sin perturbación alguna para los infractores de la normativa pesquera y ambiental, delante de inspectores afectados por una selectiva ceguera.

Por ello, causa perplejidad escuchar a un optimista Ministro del Ambiente, afirmando que para 2022 se incrementará en 18.9% el presupuesto de su sector, vale decir, que superará los 790 millones de soles; y que se impulsará la creación de nuevas áreas protegidas ”con la finalidad de conservar los ecosistemas marinos”. Perú, el país de las soluciones mágicas que se diluyen sin mejorar nada.

Señor Ministro, recuerde que los especialistas señalan que las Áreas Marinas Protegidas son instrumentos de política importantes, pero no la panacea. A la conservación no se llega por decreto, sino con trabajo. El problema no es el presupuesto, es el uso poco eficiente de los recursos.

Enfóquense primero en salvar la Reserva Nacional de Paracas y nuestros 3000 kilómetros de litoral infectados por desagües, desembocaduras de ríos, actividades ilegales, etc. Luego piensen en proteger otros espacios en el mar.

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