En enero de 2007 se publicó la Ley 28965, de promoción para la extracción de recursos altamente migratorios, como el atún. Establece que, a la captura de especies con tal característica obtenidas por embarcaciones extranjeras con permiso de pesca otorgado por el Perú, independientemente de la zona de captura le es aplicable cualquiera de los regímenes aduaneros previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley General de Aduanas.
Ante inconvenientes en su aplicación, en noviembre de 2008 la Gerente Jurídica de la Sunat, Sonia Cabrera Torriani, actualmente en servicios en la misma entidad, emitió el Informe 067-2008-SUNAT/2B4000, en el que concluye que:
“…la captura del recurso hidrobiológico realizada por embarcaciones de bandera extranjera premunidas de permiso de pesca en cualquier zona del dominio marítimo del Perú o de las 200 millas marinas, así como fuera de dicho territorio, da lugar a la aplicación de los siguientes regímenes aduaneros: importación, tránsito, transbordo, depósito en aduanas, exportación, exportación temporal, admisión temporal para perfeccionamiento activo, drawback y reposición de mercaderías en franquicia, siempre que se cumplan para efectos de su destinación con los requisitos que para tal fin establece la Ley General de Aduanas…”.
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Debido a esta disposición normativa y medidas complementarias que se han dado, se ha ido consolidando desde entonces una industria atunera nacional que era inexistente en 2007 y que hoy genera exportaciones por 41 millones de dólares anuales, con proyección a 250 millones en 2021.
Los empresarios nacionales han invertido más de 200 millones de dólares en maquinaria, equipo y embarcaciones especiales para esta actividad, que requiere de mucha eficiencia ya que tiene pequeños márgenes de utilidad y precisa grandes volúmenes de producción.
A pesar de que en junio de 2018 se promulgó la Ley 30788, que declara de interés nacional el incentivo al desarrollo de la industria atunera en el país, la Sunat pareciera haberse propuesto desaparecerla en 2019.
Su Intendencia de Aduana de Paita, principal puerto atunero nacional, ha decidido desconocer las Declaraciones Aduaneras de Mercancías referidas a las compras de atún a naves extranjeras por parte de industrias peruanas, y desde el 2016. Con ello, en la práctica está desconociendo la Ley 28965 y la opinión de la gerente jurídica de la Sunat.
Esto obliga a los industriales a pagar el 30% del valor de todo el atún adquirido en esos años como Impuesto a la Renta (renta que no es tal), con lo que está decretando la desaparición de la industria atunera peruana en las próximas semanas.
En momentos en que empresarios y trabajadores del sector resaltan en el mundo nuestra vocación atunera, resulta inexplicable que la Sunat la destruya y el MEF no se entere.
Pero lo más dramático es que volveremos a liquidar, igual que en los 70, esta iniciativa privada que podría revitalizar a la industria nacional de pesca para consumo humano.
Así, perderían la posibilidad de obtener empleo formal más de 6,000 peruanos y se producirá un cierre de plantas conserveras.
¿Hay alguien en las altas esferas interesado en seguir comprando conservas asiáticas de dudosa calidad, a quien le disguste el fortalecimiento de nuestra industria? A la hora de hacer daño, ¿quieren hacerlo al PERÚ PRIMERO?
Alfonso Miranda Eyzaguirre – Ex viceministro de Pesquería.
