El sistema de videovigilancia en las instalaciones de Chiquita Panamá enfrenta a los trabajadores y la transnacional

El sistema de videovigilancia en las instalaciones de Chiquita Panamá enfrenta a los trabajadores y la transnacional

Actores Productivos

La colocación de cámaras de seguridad en las instalaciones de la empresa Chiquita Panamá en el distrito de Changuinola, mantiene enfrentados con la transnacional a los obreros organizados en el Sindicato de Trabajadores Industriales y Bananeros (Sitraibana), quienes han paralizado las labores en las 21 empacadoras de la división bananera, en las que trabajan más de 5.000 obreros.

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De acuerdo con cifras de la empresa, la paralización ha provocado que se hayan dejado de exportar más 300.000 cajas de banano, lo que representa pérdidas “millonarias”.

El secretario general de Sitraibana, Francisco Smith, subrayó que no se oponen a la colocación de cámaras perimetrales de bioseguridad en las instalaciones, sino a las que están “fijamente sobre los trabajadores que realizan el proceso de empacado”, ya que se sienten “acosados y perseguidos” tecnológicamente. Indicó que hay experiencias en otras empresas donde se ha despedido a empleados por videos difundidos y “esto no lo permite el Código Laboral panameño”.

Falta de acuerdo
En la madrugada del 3 de abril, se interrumpió la mesa de diálogo que mantenían el sindicato y la empresa Chiquita Panamá con la mediación de Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, donde se pretendía llegar a un acuerdo con respecto a la implementación de las cámaras de videovigilancia.

Ante la falta de acuerdo, la empresa bananera presentó una propuesta que establece que el sistema de videovigilancia será según la necesidad de operaciones, y extenderá una comunicación a los trabajadores en cada centro de trabajo, ampliando la docencia del uso de las cámaras y el beneficio de estas en cuanto a la vigilancia y salvaguarda de bienes e intereses dentro de las instalaciones de la empresa y pertenencias de los trabajadores.

El documento señala que las cámaras instaladas “no serán utilizadas para aplicar medidas disciplinarias a los trabajadores” en materia laboral. Además, aseguran que no tomarán represalias por las protestas llevadas a cabo por los trabajadores.

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