La formalización de la flota pesquera artesanal, es un proceso que se debe dar en diferentes ámbitos y generará beneficios a quienes la conforman: acceder a los mercados y al sistema financiero, adquirir seguridad jurídica, dar condiciones adecuadas a los trabajadores y poner en valor los activos de sus integrantes. Y al sistema: facilitar la competencia y ampliar la base tributaria. En mi columna del 22 de mayo pasado titulada “Dos países”, expuse la necesidad de un nuevo enfoque para abordarla, y recordé el caso de las cooperativas de pescadores que nacieron hace cinco años, con el objetivo de regularizar la situación legal de más de 850 embarcaciones. También señalé que, ad portas del término legal del régimen, menos del 10% de los botes han logrado obtener certificado de matrícula, requisito ineludible para concluir el empeño.
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Estas cooperativas lograron que INDECOPI declarara que, diversos procedimientos administrativos para la obtención de las matrículas, son barreras burocráticas inaplicables. Recientemente, la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI), ha tenido que derogar la normativa en cuestión; sin embargo, mantiene requisitos igualmente obstaculizadores.
A 25 días del fin de este gobierno, el resultado del quinquenio es un nivel exiguo de formalidad que, entre otras cosas, sigue poniendo en riesgo el comercio de productos hidrobiológicos, limitando el acceso a créditos y fomentando el desorden sectorial. Para lograr una pesca artesanal 100% formal en el corto plazo, serán necesarios nuevos abordajes que incluyan, por ejemplo, un mejor y más transparente diálogo entre los administrados y el gobierno, el fortalecimiento de capacidades de ambos y activar mecanismos de autorregulación por parte de las instituciones públicas para cautelar el acatamiento de lo establecido en las leyes. Cumplir estos puntos ayudaría a recuperar la confianza para seguir los cauces institucionales y solucionar esta problemática. Luego de un lustro de trabajo arduo e incompleto por la formalización, es natural que muchos hombres de mar se sientan decepcionados y piensen que ser informal es lo más barato y conveniente.
El régimen de cooperativas termina el 30 de julio con resultados que podrían dejar en el limbo a más de 850 naves, que capturan recursos bandera de nuestra pesca artesanal como la pota y el perico. Corresponde a la presente gestión ampliar, esperemos por última vez, los plazos para que la siguiente administración pueda culminar el proceso con un sentido de urgencia y visión de país.
Mientras los trámites avanzan con lentitud kafkiana, el pasado lunes 28, el Poder Ejecutivo ha planteado un proyecto de ley al Congreso con la finalidad de incorporar 2017 embarcaciones al segundo régimen de formalización, SIFORPA 2. Es relevante resaltar, como consta en el proyecto de ley, que estas naves quedaron excluidas del régimen aprobado en 2018 porque no pudieron acreditar su existencia ante la autoridad. Según los genuinos pescadores, esto va a perjudicar al sector y atentar contra la sostenibilidad de los recursos y su economía, al provocar bajas en los precios. Se teme que centenares de naves construidas en astilleros ilegales obtengan de esta sinuosa manera, una legalidad que se les regatea a los demás.
Ojalá que el parlamento, cuya Comisión de Producción aprobó el dictamen en tiempo inusualmente célere (24 horas), no caiga en la trampa de creer que a última hora se pueden dar leyes que el país no verá o a las que sus sucesores no le pondrán la lupa. No es la hora loca legislativa.
