Alfonso Miranda
Alfonso Miranda

La pesca del día, ¿jaque al desarrollo de nuestro pueblo pesquero?

En Nueva York, del 19 al 30 de agosto del 2019, se desarrollará la tercera y penúltima discusión en torno a la formulación de un nuevo tratado sobre Biodiversidad en la Alta Mar, el “Acuerdo en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar relativo a la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional”, conocida como BBNJ por sus siglas en inglés.

 Naciones Unidas espera concluir el nuevo acuerdo, cuyo objetivo principal es regular el uso y conservación de los recursos genéticos marinos mediante herramientas espaciales, como las Áreas Marinas Protegidas y los Estudios de Impacto Ambiental, a cambio de inciertos beneficios de Creación de Capacidad y Transferencia de Tecnología Marina.

A pesar de que Naciones Unidas ordenó que los resultados del proceso “deben ser plenamente compatibles con las disposiciones de la Convención, y el proceso y su resultado no deben ir en detrimento de los instrumentos y marcos jurídicos pertinentes ya existentes ni de los órganos mundiales, regionales y sectoriales competentes”, el texto base de la propuesta crea un sistema global centralizado de manejo asociado a una red científica inespecífica, con lo que contradice el mandato.

Se implanta sobre los órganos y marcos jurídicos existentes y desplaza la soberanía del Estado en el acceso a la Alta Mar concentrando en un nuevo grupo de poder -el Grupo Científico y la Conferencia de las Partes- el privilegio de la priorización de los intereses arrogándose las facultades de decisión.

En ese texto, sin importar que la actividad pesquera ya está regulada y sometida a la exitosa disciplina de “gestión pesquera responsable”, se desarrolla una nueva gobernanza, prevaleciendo la conservación sobre el uso sostenible.

Cuando el proceso inició, el objetivo era llenar vacíos de implementación y no alterar los sistemas existentes. Un sector conservacionista extremo habría liderado el proceso en Naciones Unidas facilitando que el pretendido tratado prevea la creación de extensas Áreas Marinas Protegidas en los caladeros de pesca de la Alta Mar, interconectadas en red con áreas similares dentro del Mar Territorial y sistemas de gestión de impacto ambiental complejos que serían imposibles de satisfacer.

Si los países no negocian correctamente el texto, podrían afectar a millones de personas que viven en el mundo, directa o indirectamente de la pesca y a toda nuestra Nación, cuya soberanía alimentaria depende en gran medida de esta actividad.

El llamado de atención es claro: el país no puede entregar su soberanía alimentaria a la decisión de un grupo económico o político que no responde al interés nacional y que, muy probablemente, tenga una visión de desarrollo muy distinta a la de nuestro pueblo.

La Diversidad Biológica Marina no se arriesga cuando, como en el Perú, se persigue y se lucha por la pesca responsable, y por ello no es admisible que un nuevo tratado invada e imposibilite nuestro legítimo derecho al desarrollo ambiental, económico y social.

Confiamos en que la Cancillería esté a la altura del reto y no permita un jaque al desarrollo de nuestro pueblo pesquero.

(*) Alfonso Miranda – Ex viceministro de Pesquería de Perú

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