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Más gasto público, pero más pobres

Las políticas de combate a la pobreza que se aplican desde 2019 han sido ineficientes, por decirlo de forma generosa. La información publicada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI Perú) sobre la evolución de la pobreza confirma que no se ha encontrado el camino correcto, que casi 10 millones de personas son pobres (5.7% pobreza extrema y 23.3%, no extrema). Solo en 2023, el número aumentó en 596 mil personas y desde 2019 se sumaron a esa deplorable condición 3 millones 300 mil compatriotas.

Según el propio INEI, la línea de pobreza total es el valor monetario con el cual se contrasta el gasto mensual de un hogar para determinar si está en condición de pobreza o no. Para 2023, el límite fue 446 soles per cápita por mes y el de pobreza extrema es 251. Se considera pobres a quienes residen en hogares cuyo gasto per cápita es insuficiente para adquirir una canasta básica de alimentos y no alimentos (vivienda, vestido, educación, salud, transporte, etc.) y pobres extremos a aquellos cuyos gastos per cápita están por debajo del costo de la canasta básica de alimentos. El desolador cuadro se enmaraña con la noticia que otras 10 millones y medio de personas se encuentran en situación vulnerable y cerca de caer en la pobreza.

Contraloría: espectadora pasiva

De acuerdo con información del Instituto Peruano de Economía (IPE), la anemia afectaría a más de 700,000 niños menores de 3 años en el país y ha subido en 2023 a 43.1%, lo que implica un incremento de 3% desde 2019. Además esconde grandes asimetrías tales como que mientras Tacna tiene 33.7% de anemia infantil, Puno supera el 70.4%. Esta condición que se constituye en una barrera que impedirá salir de la pobreza a las generaciones venideras con esa afección, es también un freno al desarrollo del Perú. Conocedores de esta realidad, los gobiernos no han sido capaces de formular las políticas públicas que destierren el aludido mal de nuestro territorio.

Estas cifras, junto a la de desnutrición crónica infantil, que está en 11.5% de los menores de 5 años, son inadmisibles en el Perú, que produce una gran cantidad de alimentos ricos en proteínas y nutrientes. Por referirnos solo a un ejemplo, nuestro mar es el más rico del Pacífico sur y tiene una industria pesquera de consumo humano directo de renombre universal que debería ser el baluarte del Estado para extinguir este flagelo. Esta acción no puede esperar.

Tampoco debemos admitir que los insuficientes esfuerzos que se hacen desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), a pesar que su presupuesto de 2024 asciende a 6,500 millones de soles, apañen agresiones a los pobres como las que protagoniza Qaly Warma que acaba de distribuir conservas de pescado inmovilizadas por las madres de los colegios del caserío de Laynas y del distrito de La Matanza en Morropón. Las señoras denunciaron que encontraron larvas en las conservas y que temían por la salud de sus hijos. No es la primera vez que los contribuyentes pagamos los más altos precios del mercado por productos cuya calidad deja mucho que desear, posiblemente por el perverso sistema de compras a distribuidores y no a fabricantes.

Señores de Qaly Warma, les haría bien dejar esas oficinas de súper lujo en uno de los centros empresariales más caros del país, mudarse unos días a Morropón y acercarse un poco más al país que sufre, que padece anemia, que se vuelve más pobre y que les paga el sueldo.

Por Alfonso Miranda

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