Proteína animal en Ecuador y su cadena de valor están en alerta. Representantes de gremios y asociaciones del sector agroindustrial y de la producción animal del país emitieron un comunicado dirigido a la ciudadanía, en el que expresan su preocupación por el tratamiento del Proyecto de Ley Orgánica de Protección y Defensa de los Derechos de los Animales en la Asamblea Nacional.
El llamado, dirigido especialmente a la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales No Renovables, enfatiza la necesidad de que esta legislación se construya de manera responsable, equilibrada y técnicamente fundamentada, conforme lo establece el artículo 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
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Aunque reconocen que este proyecto responde a una sentencia de la Corte Constitucional, advierten que algunos enfoques del texto actual se alejan de la realidad nacional y de los principios del bienestar animal basado en criterios científicos y productivos. Además, alertan sobre el riesgo de que intereses particulares o decisiones políticas lleven a la Asamblea al incumplimiento de dicha sentencia.
En octubre de 2024, un grupo animalista ya presentó ante la Corte Constitucional una acción de seguimiento en la que se solicitó, entre otras medidas, que esta entidad pueda emitir una normativa provisional si detecta incumplimientos. Esto, según los gremios, podría derivar en regulaciones que amenacen la producción nacional, el empleo, la seguridad alimentaria y la paz social.
¿Qué debería contener una Ley adecuada?
Las organizaciones firmantes consideran que una legislación equilibrada debe:
- Promover el bienestar animal según estándares técnicos y científicos.
- Diferenciar los derechos de los animales de los derechos humanos.
- Proteger la soberanía alimentaria tanto urbana como rural.
- Defender la libertad alimentaria de las personas.
- Preservar la competitividad de la agroindustria nacional.
- Asegurar el acceso a alimentos de calidad, asequibles y nutritivos.
Finalmente, recalcan que el proyecto actual tiene avances, pero es perfectible, y hacen un llamado a que el proceso legislativo se mantenga dentro del marco constitucional y legal, buscando siempre el interés general y el equilibrio entre bienestar animal y desarrollo productivo.
