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Sálvese quien pueda

Actores Productivos

En junio de 2016, se emitió el Decreto Supremo 006-2016-PRODUCE, con el objeto de formalizar a 930 embarcaciones artesanales de las Cooperativas Pesqueras de San José (Lambayeque) y La Islilla y La Tortuga (Piura). Han transcurrido casi 7 años y el panorama es desolador: ninguna nave lo consiguió.
La norma dispone que para concluir el proceso y poder extraer recursos hidrobiológicos de manera oficial, se necesita obtener tres títulos habilitantes: certificado de matrícula, protocolo de habilitación sanitaria y el permiso de pesca.

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Actualmente, según estadísticas del Ministerio de la Producción, nadie obtuvo el permiso de pesca. Es decir, ningún barco ha sido formalizado. Por increíble que parezca, esto último sucede porque el Ejecutivo no ha aprobado la normativa que establezca el procedimiento para la emisión correspondiente.

Esta inacción ha provocado que a decenas de tripulantes y armadores carentes de la autorización gubernamental (por estar en proceso de obtenerla), el Ministerio Público les inicie investigación fiscal por la presunta comisión de delitos asociados a la extracción ilegal de recursos hidrobiológicos. Tal es el caso de Benito Galán y José Luis Galán, dos hermanos tripulantes de una lancha dedicada a la captura de pota, con su procedimiento en trámite.

Por la demora de las autoridades, estos humildes operadores artesanales se encuentran en el banquillo de los acusados. La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Lima, que pudiera invertir sus esfuerzos en perseguir delitos que han sido denunciados permanentemente en este espacio (como el procesamiento ilegal de harina de pescado y de pota), está invirtiendo tiempo en acusar a dos inermes pescadores de la caleta de San José, cuya precaria economía los mantiene indefensos.

Dicha autoridad está pidiendo para ellos prisión suspendida y el pago de 240 mil soles de reparación civil, pese a que se ha promulgado la Ley 31673, que dispone que las instancias jurisdiccionales están prohibidas de investigar y sancionar a armadores y pescadores en proceso de formalización. Leyes hay, lo que falta es justicia, como dijo el escritor argentino Ernesto Mallo. Además, preocupa que se intente castigar penalmente a tripulantes, cuando ellos no son los dueños de las embarcaciones. Se configura un patrón basado en perseguir arbitrariamente al más vulnerable.

Si se hubiera emitido la norma que desarrolla la emisión de permisos definitivos, hoy estos dos trabajadores no estarían siendo procesados bajo amenaza de frustrar sus proyectos de vida. Si el gobierno completara la normatividad que corresponde, la nave en la que ellos pescaron y centenares más, ya tendrían los derechos legítimos y, consecuentemente, ningún hombre de mar sería víctima de estos kafkianos y engorrosos procedimientos judiciales.

Esperemos que, desde la administración del Estado se asuman responsabilidades y no se abandone a los pescadores a su suerte, dejando que únicamente se salve quien pueda. El gobierno no solo tiene la responsabilidad de aprobar el dispositivo legal que defina el camino para los permisos definitivos, sino también de asumir la defensa de estos hombres de mar que están siendo afectados por negligencia del propio Estado. En menos de tres meses vence el proceso de formalización y si no se actúa pronto, más de 900 armadores y 8 mil tripulantes pesqueros artesanales podrían experimentar la peor tragedia de sus vidas al verse obligados a pasar a la ilegalidad, asumir el pago de millonarias sumas de dinero de reparaciones civiles y a que sus casas o barcos sean embargados. Tenemos muchos problemas que resolver, comencemos por este. Ojalá puedan entender que tiene que ser para hoy.

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