Julio José Prado, ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, en la Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero, aseguró que la Ley de Acuacultura y Pesca se aplica con rigurosidad, a través de un Plan de Acción que se orienta a salir de la tarjeta amarilla, calificación que se dio a Ecuador en octubre 2019, como país no cooperante contra la pesca ilegal.
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El Secretario de Estado aseguró que se han marcado hitos importantes en esta materia, entre ellos, la Ley Orgánica de Acuacultura y Pesca; la suscripción de un Acuerdo con países de la región sobre control de la pesca ilegal; el control de la licencia de pesca; certificación de las camaroneras; acceso de las camaroneras al servicio de electricidad, a fin de evitar prácticas contaminantes; y, garantizar la vida en alta mar.
Indicó que han diseñado un proyecto de mejoramiento de la competitividad en el sector acuícola y pesquero. “Hemos alcanzado un Acuerdo de Facilitación del Comercio hasta 2023, que presta mecanismos para la simplificación de trámites para acceder a nuevos mercados”, dijo.
Así mismo, el Ministro de la Producción explicó que se ha establecido el Centro de Monitoreo Satelital, que opera las 24 horas, con el propósito de atender los requerimientos de seguridad de las actividades productivas marítimas. También, se encuentra en revisión la alianza público privada para la instalación de los dispositivos de monitoreo satelital de las embarcaciones inmersas en la actividad pesquera.
De otro lado, aseveró que se adelantan contactos con España para el financiamiento del Plan de renovación de la flota pesquera. En definitiva, el ministro Prado subrayó que se han cumplido con los plazos y las Disposiciones Transitorias previstas en la Ley Orgánica de Acuacultura y Pesca.
Al cierre de la comparecencia, el titular de la Comisión, Mariano Curicama, agradeció la información entregada por el Ministro de la Producción, misma que servirá de base para evaluar los efectos prácticos de la Ley de Acuacultura, a fin de establecer las reformas que sean necesarias, con el propósito de atender las demandas del sector pesquero del país.
