“Las sanciones no son el único mecanismo para desalentar la pesca ilegal, también está la prevención y está dada en tener un sistema de monitoreo adecuado con un proceso de trazabilidad y un número de inspectores que responda a la cantidad de pesca que tiene el Ecuador”
Pilar Proaño
Hace pocos días la Unión Europea, principal socio comercial de nuestros productos pesqueros, impuso “Tarjeta Amarilla” al Ecuador por no garantizar que sus productos provengan de prácticas legales de pesca.
Si bien la “Tarjeta Amarilla” representa un llamado de atención al Gobierno ecuatoriano y no una restricción al ingreso de nuestros envíos pesqueros por parte de las autoridades europeas, sí puede originarnos una contracción del mercado y fluidez del mismo.
Esta observación crea incertidumbre entre los clientes directos de nuestras plantas procesadoras, al saber que no todo lo que proviene de la fuerza pesquera de Ecuador cumple con las disposiciones legales de pesca.
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Unión Europea solicita acciones
La Unión Europea lleva muchos años abanderando, ante el Comité de Pesca de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), acciones para desalentar la Pesca Ilegal No Declarada y No Reglamentada (INDNR).
La UE planteó varios reglamentos y requisitos internos para los países integrantes del bloque y posteriormente directrices y reglamentos que debían adoptar los países exportadores a la UE.
Ecuador ocupa uno de los primeros lugares en la producción de conservas de atún, en el mercado europeo se sitúa en muy buenas condiciones y goza de protagonismo sustancial.
Dentro de las solicitudes hechas por el bloque europeo a los terceros países (exportadores o proveedores de productos pesqueros), está la implementación de un Sistema Adecuado de Inspección y de Trazabilidad que monitoree la pesca desde la embarcación, descarga, procesamiento y comercialización.
Estos requisitos de trazabilidad y controles, también fueron planteados por EEUU, otro mercado importante para nuestro país.
En el 2014 la UE realizó varias observaciones al Ecuador y lo motivó a que cumpliera algunos condicionantes que le permitiera desalentar esta práctica ilegal o garantizar que la actividad extractiva, de procesamiento y de comercialización cumpla con los estándares requeridos.
Desde esa fecha se planteó a nivel global, que las leyes de pesca debían tener un sistema sancionatorio bastante riguroso con la finalidad de desalentar el cometimiento de prácticas que atenten contra la sustentabilidad del recurso.
Medidas contra la pesca ilegal han desmejorado…
Nuestra Ley de Pesca, que data de 1974, tiene sanciones pecunarias irrisorias. Por esto solicitaron adaptar una Ley de Pesca que obedezca a las lógicas globales.
Se mejoró el Reglamento a la Ley de Pesca, el cual sirvió para la construcción del borrador de una ley que atienda todas las necesidades de los sectores involucrados y quedó listo para su proceso de socialización. De esto ya más de dos años, y a la fecha, este borrador actualmente está en trámite en la Asamblea Nacional.
Pero no solo el procedimiento sancionatorio es la única manera de terminar con la pesca ilegal. También es necesario un sistema tecnológico que permita evidenciar la trazabilidad de todo el proceso.
El Viceministerio de Acuacultura y Pesca (antes de ser Ministerio) implementó la primera fase del Sistema Integrado de Pesca y Acuacultura financiado con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo BID. Con este sistema cada barco e inspector de pesca del Viceministerio contaría con una bitácora electrónica, para cruzar información eficiente sobre extracción, descarga, procesamiento y comercialización con código QR.
Quedó pendiente la segunda fase del Sistema Integrado, que ya tenía financiamiento del BID, herramienta valiosa para que personal técnico calificado (ingenieros, biólogos y técnicos pesqueros capacitados), verifique la descarga de la pesca en puerto. Sin razón cierta no se ejecutó esta fase por parte del creado Ministerio de Acuacultura y Pesca.
En el 2016 se contrataron 287 inspectores pesqueros, a nivel nacional, basados en un análisis de las cantidades de descargas, número de caletas y de embarcaciones. Las inspecciones no solo eran para los barcos atuneros sino para toda la flota ecuatoriana y de bandera extrajera que descargue en el Ecuador.
Pero este número de inspectores disminuyó a 60, misma cantidad con la que se contaba en el 2014. Esto significa que se redujo a más del 60 % del personal que garantizaba las inspecciones, no solo de trazabilidad de la pesca si no de las condiciones de calidad e inocuidad tanto de la flota como del producto.
Hay que estar conscientes que no es la ley la que va a solucionar la grave situación de uno de los sectores económicos más importantes del Ecuador. Urge retomar las medidas implementadas que desaparecieron recientemente.
El sector pesquero y el FMI
En la coyuntura actual del Ecuador, se expresa la preocupación por la reducción del tamaño del Estado en todos los sectores, esto impide que, a la nómina del Viceministerio de Acuacultura y Pesca, vuelvan los profesionales que se requieren para cumplir con el proceso de verificación en descarga.
Soluciones
El Gobierno Nacional debe definir un Plan de Acción que financie al Viceministerio de Acuacultura y Pesca (VPA) para contratar el número de inspectores con los perfiles adecuados que se necesitan y capacitarlos constantemente.
Paralelamente, es recomendable retomar el Sistema Integrado de Pesca y Acuacultura, acompañado por este grupo técnico de inspección.
Una alternativa para cumplir con las verificaciones en descarga, dada las condiciones y el modelo económico que el Gobierno ha planteado, lo recomendable sería buscar un servicio de verificación externo que solvente las ausencias que tiene la administración pública.
Finalmente deberían establecer un plan de trabajo con la Unión Europea con hitos y tiempos que le permitan al Estado ecuatoriano desarrollar y fortalecer las áreas que se requieran, para cumplir con los requisitos de nuestros mercados de destino.
En el Ecuador la pesca y la acuacultura son el segundo y tercer producto de exportación que sustancialmente aportan a la balanza comercial del país.
Por Pilar Proaño Villarreal
Ex Viceministra de Acuacultura y Pesca
