Ante el Decreto Ley Orgánica de Urgencia Económica de Gestión de Riesgos y Desastres, en lo relacionado a la adjudicación de zonas de playa y bahía que hayan perdido la influencia marina, la WWF Ecuador, a través de un comunicado público, manifestó su preocupación.
Este Decreto Ley fue enviado por el presidente de la República del Ecuador, para el análisis de la Corte Constitucional.
El comunicado indica que las zonas de playa y bahía no pueden adjudicarse a particulares, ya que pertenecen al Estado y son bienes nacionales de uso público. Además, son el hábitat de numerosas especies y áreas críticas para la nidificación de tortugas marinas. Son ecosistemas cuya recuperación debería ser obligatoria por parte del Estado.
El artículo 83 de la Constitución de la República del Ecuador señala que son deberes y responsabilidades de las y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley, “conservar el patrimonio cultural y natural del país, y cuidar y mantener los bienes públicos”.
A su vez, el artículo 404 dispone: “El patrimonio natural del Ecuador único e invaluable comprende, entre otras, las formaciones físicas, biológicas y geológicas cuyo valor desde el punto de vista ambiental, científico, cultural o paisajístico exige su protección, conservación, recuperación y promoción.”
Adicionalmente, lo relativo a las playas como bienes de uso público está regulado en el Código Civil, el COOTAD, la Ley de Recursos Hídricos y el Código Orgánico Ambiental.
Este último señala: “La playa de mar es un bien nacional de acceso público, en consecuencia, ninguna persona podrá atribuirse la propiedad de la misma. El acceso y utilización de la playa es libre y gratuita para los usos comunes, acorde con su naturaleza”.
A su vez, existen consideraciones de bien común que justifican este principio, por lo que dicho decreto crearía un nefasto precedente hacia la privatización de los bienes del Estado.
Este organismo dijo confiar en que la Corte Constitucional realizará el respectivo control de constitucionalidad, y que al determinar que el Decreto en cuestión, contradice el marco constitucional ecuatoriano, se pronuncie como corresponde.
