Cuando el periodista ecuatoriano Rubén Montoya publicó en 2019 la nota “La corrupción no soy yo” en el diario Expreso de ese país, muchos lectores pensaron que hablaba del Perú. Su texto retrata con precisión quirúrgica una sociedad acostumbrada a señalar con indignación a los políticos corruptos, pero incapaz de reconocer su propia complicidad cotidiana. Y quizá no sea casualidad, ya que ecuatorianos y peruanos compartimos una historia común desde el Tahuantinsuyo y el Virreinato, y también un mismo mal enquistado en el corazón de nuestros países: la corrupción.
La columna de Montoya se volvió viral porque nadie quedó a salvo en su retrato. Desde jueces que venden sentencias, hasta médicos que abusan del sistema, empresarios que estafan al fisco, burócratas que alargan trámites, tenderos que alteran balanzas, estudiantes que plagian, profesores que no enseñan, ciudadanos que tiran basura por la ventana mientras culpan al gobierno de todos sus males y hasta amas de casa que no afilian a sus empleadas. Su mensaje fue demoledor: la corrupción no está solo en el poder, sino en la cultura del atajo y la picardía que practicamos.
Y el Perú no escapa de esa descripción. Aquí también hemos visto cómo la corrupción ha perforado cada institución del Estado. La hemos presenciado en jueces que negocian fallos, en fiscales que trafican influencias, en policías que cobran por “no ver” infracciones, y en periodistas, médicos, docentes y funcionarios que cambian ética por conveniencia. No se trata de hechos aislados, sino de una conducta que, a fuerza de repetirse, se ha vuelto parte del folclore nacional.
Nuestros presidentes han sido la expresión más visible de esta decadencia. Algunos compartieron el poder real con asesores siniestros que lo corrompieron todo; otros, embriagados de soberbia, exigieron sobornos a cambio de obras públicas; vimos a los que esperaron que la plata llegue sola; hubo quienes convirtieron a sus esposas en recaudadoras de coimas y manejadoras de ministros; y no faltaron quienes firmaron “asesorías” con empresas que lucraban con el Estado. También hubo los que, desde gobiernos regionales, recibían bolsas de dinero en la oscuridad, y que, ya en Palacio, se vacunaron a escondidas durante una pandemia.
Y, para completar la escena, un mandatario con gorro y paso furtivo —cual Pedro Navaja en decadencia—, fue grabado entrando en una guarida a medianoche para recibir bolsas repletas de algo que, muy presumiblemente, sería dinero. Aquella imagen, más elocuente que cualquier “lectura de proclama”, resumió lo que muchos ya sabían: la corrupción no distingue sectores, ni tiempos, ni partidos. Tampoco sexos, pues ya conocemos los relojes sucios que también brillan en la oscuridad.
Por eso, cuando llegue el momento de elegir en abril próximo, no bastará con escuchar promesas. Debemos mirar quiénes son los candidatos que defienden la libertad, quiénes tienen una vida limpia y quiénes pueden garantizar que el poder no servirá para encubrir, robar o favorecer indebidamente.
El escritor paraguayo Augusto Roa Bastos dijo, en una de las frases que mejor describen nuestra enfermedad moral: “El poder de infección de la corrupción es más letal que el de las pestes.” Y vaya que tenía razón. Este mal no se cura con leyes ni con campañas, sino con una ciudadanía consciente de su propia culpa. Porque, como escribió Rubén Montoya, la peor hipocresía es creer que “la corrupción es de ellos”. No.
La corrupción también somos nosotros: cuando callamos, cuando justificamos, cuando miramos hacia otro lado, cuando actuamos mal. Solo cuando también cambiemos nosotros, comenzará la verdadera transformación.
Por Alfonso Miranda
