Bananeros de Ecuador expresaron su preocupación por la situación fitosanitaria, el impacto del invierno y el proyecto de Ley de Desarrollo Agropecuario que se analiza en la Asamblea Nacional. Así lo señaló Segundo Solano, presidente de la Asociación de Bananeros de El Oro, durante una entrevista en el segmento Voces de la Producción de Actores Productivos.
Durante el diálogo, el dirigente del sector explicó que las recientes inundaciones en la provincia de El Oro, especialmente en el cantón Santa Rosa, generan inquietud por la posible propagación del hongo fusarium raza 4, una de las principales amenazas para la producción bananera.
Según Solano, las lluvias intensas provocaron represamientos de agua en zonas donde previamente se detectó presencia del hongo, lo que podría incrementar el riesgo de dispersión si no se aplican medidas fitosanitarias adecuadas.
“Existe preocupación porque no se conoce con claridad qué tratamiento se ha dado a las aguas que quedaron represadas en esas zonas”, indicó.
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Inundaciones y riesgo sanitario
El dirigente señaló que el invierno no ha sido uniforme en toda la provincia. Mientras en zonas como El Guabo y Pasaje las condiciones climáticas se mantienen manejables, en Santa Rosa se registraron fuertes inundaciones.
De acuerdo con el representante del gremio, cerca de 5.000 hectáreas habrían resultado afectadas por las lluvias.
Los productores, principalmente pequeños y medianos agricultores, aseguran que realizan controles fitosanitarios dentro de sus posibilidades, aunque advierten que los recursos disponibles son limitados.
Solano explicó que enfermedades como fusarium, rastonia y sigatoka representan riesgos permanentes para la actividad bananera, especialmente en escenarios climáticos adversos.
Caída del precio del banano
A los problemas climáticos se suma la caída del precio del banano en el mercado spot.
El dirigente señaló que actualmente la caja se estaría comercializando entre 2,50 y 3 dólares, lo que complica la situación financiera de los productores.
Aunque algunas exportadoras continúan pagando el precio mínimo de sustentación en contratos formales, el sector advierte que existen casos de especulación vinculados a factores internacionales.
Entre los argumentos utilizados para justificar la caída de precios se mencionan tensiones geopolíticas en Oriente Medio. Sin embargo, Solano afirmó que las exportaciones hacia esa región representan aproximadamente el 5% del total, por lo que considera que su impacto no debería afectar al 95% restante del mercado.
Objeciones al proyecto de Ley de Desarrollo Agropecuario
Durante la entrevista, Solano también expresó la preocupación del sector frente al proyecto de Ley de Desarrollo Agropecuario que se debate en la Asamblea Nacional.
El representante gremial considera que la normativa presenta vacíos legales y podría generar conflictos con otras leyes vigentes, como:
- Ley Orgánica de Recursos Hídricos
- Código Orgánico del Ambiente
- Ley de Soberanía Alimentaria
- Normativas de Economía Popular y Solidaria
Uno de los principales puntos de preocupación es el posible cambio en el sistema de fijación del precio mínimo de sustentación del banano.
Actualmente este valor se determina mediante un organismo técnico especializado. Sin embargo, el proyecto de ley plantearía que el precio pueda definirse directamente desde el Ejecutivo.
Según Solano, esta modificación podría afectar la estabilidad económica del sector productor.
Falta de socialización con el sector productivo
El dirigente también cuestionó la falta de participación del sector agrícola en la discusión del proyecto de ley. Indicó que los productores no fueron convocados formalmente a reuniones de la Comisión de Soberanía Alimentaria cuando esta sesionó en la provincia de El Oro.
Por esta razón, distintos gremios agropecuarios —entre ellos bananeros, arroceros, maiceros y lecheros— buscan fortalecer un frente común para plantear sus observaciones y solicitar que el proyecto sea revisado.
Llamado a políticas públicas para el agro
Finalmente, el representante del sector reiteró que el campo continúa siendo una fuente clave de empleo y producción de alimentos en el país.
En ese sentido, señaló que las políticas públicas deben considerar la participación directa de los productores en la elaboración de leyes y decisiones que afectan a la actividad agrícola.
“Las leyes agropecuarias deben construirse con la participación de quienes trabajan la tierra”, expresó.
