La comercialización de maíz amarillo duro vuelve a generar tensión entre el sector productor y las autoridades agrícolas. Mientras el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca informó que la cosecha de invierno avanza con normalidad en las principales provincias productoras, dirigentes maiceros sostienen que la realidad en territorio es distinta y advierten que parte de la producción nacional no estaría siendo absorbida por la industria.
El Ministerio de Agricultura señaló, mediante un boletín emitido el 22 de junio de 2026, que las cosechas de maíz amarillo duro se desarrollan “con normalidad” en provincias como Los Ríos, Guayas y Manabí. Según la cartera de Estado, hasta junio se habría cosechado el 67 % de la producción de invierno, pese a las condiciones agroclimáticas difíciles registradas a inicios de año en la Costa.
De acuerdo con el MAGP, con base en los registros de precios y stock en centros de acopio, se identificó la compra de 8.936,35 toneladas de maíz sucio y húmedo, a un precio promedio de USD 16,06, conforme a la tabla de calificación de $17,45 qq con 13% de humedad y 3% de impurezas.
La institución también indicó que sus direcciones distritales cuentan con capacidad operativa y logística para coordinar acciones de control en la comercialización y precios, con el objetivo de evitar eventuales acaparamientos o especulación.
Además, el Ministerio recordó que, según el Acuerdo Ministerial Nro. 134, las industrias tienen la obligación de absorber la totalidad de la producción nacional del grano antes de acceder a importaciones. Para ello, a inicios de 2026, la Subsecretaría de Información y Fomento a la Comercialización Agropecuaria socializó los volúmenes estimados de compra, cuyo cumplimiento estaría siendo verificado por la Unidad de Registro y Transacción de Facturas del MAGP.
Productores cuestionan las cifras oficiales
La versión oficial fue cuestionada por José Luis García, vocero del Frente de Defensa del Agricultor, durante una entrevista con Actores Productivos. El dirigente afirmó que la cosecha aún no ha terminado y que, en zonas como Manabí, el proceso es más lento porque la recolección se realiza de forma manual debido a las condiciones geográficas.
“En Manabí la cosecha no es a máquina como en otras provincias planas. Es una zona montañosa y la recolección se hace a mano, por eso es más lenta”, explicó García.
Para el vocero, la cifra de 8.936 toneladas adquiridas resulta baja frente al volumen que demanda y produce el país. A su criterio, ese dato evidencia que la industria no estaría comprando al ritmo necesario.
“Eso ratifica que la industria no está comprando maíz, porque 8.000 toneladas no es nada frente al consumo nacional”, sostuvo.
García también señaló que algunos productores han tenido que guardar su cosecha ante la falta de compradores. Según indicó, existe preocupación en el sector por el posible ingreso de 60.000 toneladas de trigo importado, lo que, según su versión, estaría llevando a ciertos compradores a detener o reducir la adquisición de maíz nacional.
Posible acción de protección
Ante este escenario, el Frente de Defensa del Agricultor analiza presentar una acción de protección. García explicó que esta medida se activaría una vez que cuenten con documentos aduaneros que respalden el ingreso de producto importado.
El dirigente cuestionó que, según su criterio, no exista suficiente transparencia previa sobre las licencias de importación. Afirmó que la información suele conocerse cuando los barcos ya han llegado a puerto nacional y puede ser verificada.
También señaló que los sistemas de información pública del sector agrícola no estarían actualizados, lo que dificulta el seguimiento ciudadano y gremial de autorizaciones, volúmenes e importaciones.
“El Ministerio debería transparentar esta información. La ley exige que los documentos públicos estén disponibles”, manifestó.
Debate por el cumplimiento del Acuerdo Ministerial 134
Uno de los puntos centrales del reclamo de los productores es el cumplimiento del Acuerdo Ministerial 134. Según el boletín oficial, esta normativa obliga a la industria a absorber la producción nacional antes de acceder a cupos de importación.
Sin embargo, García sostiene que esta disposición no se cumple de forma efectiva. A su criterio, existe una brecha entre lo que se firma en los documentos oficiales y lo que ocurre durante la comercialización.
“El Ministerio dice una cosa en documentos, pero en la práctica termina ocurriendo lo contrario”, afirmó.
Para el vocero, esta situación genera incertidumbre jurídica para los agricultores, especialmente cuando las decisiones relacionadas con importaciones coinciden con el periodo de cosecha.
¿Existe realmente déficit de maíz?
Otro punto de controversia es la existencia de un déficit de maíz. García reconoció que hubo un periodo de menor lluvia durante el ciclo productivo, pero sostuvo que, en la mayoría de zonas, el grano ya se encontraba formado cuando se presentó esa condición.
Según su análisis, los productores más afectados habrían sido aquellos que sembraron tarde, especialmente en febrero. No obstante, afirmó que en varias zonas productoras los rendimientos fueron favorables, particularmente en Los Ríos, donde algunos sectores habrían superado las siete toneladas por hectárea.
“Puede haber una pequeña variable, pero no creo que sea grande, porque los rendimientos han sido buenos en muchas zonas”, indicó.
El dirigente señaló que el discurso de déficit suele aparecer durante la cosecha y, según su criterio, puede generar presión a la baja sobre los precios pagados al productor.
Costos de producción y competencia con importaciones
García también se refirió al argumento de que el maíz nacional es más caro que el importado. El vocero reconoció que el costo local puede ser mayor, pero aseguró que esto responde a diferencias estructurales.
Entre los factores mencionó la falta de subsidios directos al agricultor ecuatoriano, la dolarización, los costos de fertilizantes, la dependencia de insumos importados, el precio del diésel y la mano de obra.
“¿Cómo se puede culpar al agricultor ecuatoriano de producir caro si tiene costos más altos y no recibe los mismos apoyos que existen en otros países?”, cuestionó.
También criticó que se compare el precio del maíz nacional con productos importados provenientes de países donde la agricultura cuenta con subsidios o estructuras de apoyo más amplias.
Impacto para pequeños y medianos productores
Para el Frente de Defensa del Agricultor, el mayor impacto recae sobre pequeños y medianos productores que dependen de la venta de su cosecha para pagar deudas, cubrir costos del ciclo productivo y preparar la siguiente siembra.
Si la industria no compra oportunamente, los agricultores pueden verse obligados a almacenar el grano, asumir costos adicionales o vender a precios por debajo de sus expectativas.
García sostuvo que la incertidumbre durante la cosecha afecta directamente el empleo rural y la estabilidad económica de las familias agricultoras.
Productores piden unidad y respuestas
El vocero informó que los productores mantienen reuniones para definir sus próximas acciones. Según indicó, una de las opciones es avanzar con una acción legal si se confirma el ingreso de importaciones en plena cosecha y sin que antes se haya absorbido la producción nacional.
García hizo un llamado a la unidad del sector agrícola y pidió que el Gobierno escuche directamente a los productores.
“La única forma de enfrentar este tipo de situaciones es estando unidos por el trabajo, por el empleo y por evitar la quiebra del sector productor ecuatoriano”, expresó.
El caso vuelve a colocar sobre la mesa un debate recurrente en el agro ecuatoriano: cómo equilibrar las necesidades de abastecimiento de la industria con la protección de la producción nacional, especialmente durante los periodos de cosecha.
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