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Compra directa de arroz: Gobierno establece nuevos mecanismos para el sector arrocero

La compra directa de arroz es el nuevo mecanismo implementado por el Gobierno Nacional para regular el mercado arrocero y asegurar condiciones de compra más transparentes. Las medidas incluyen la gestión delegada a piladoras privadas y procesos de contratación pública en las provincias de Guayas y Los Ríos, donde se concentra más del 90 % de la producción nacional de arroz.

El Gobierno Nacional implementó mecanismos para la adquisición de arroz cáscara, con el objetivo de ordenar el mercado y ofrecer alternativas de comercialización en zonas productoras clave del país.

Las modalidades establecidas son gestión delegada y contratación pública. La primera consiste en un proceso de compra, almacenamiento y venta de arroz mediante delegación de gestión a piladoras privadas, bajo el amparo del Decreto Ejecutivo No. 596 y el marco legal vigente.

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A través de esta modalidad, se contempla la adquisición de hasta 24.000 toneladas de arroz cáscara, a los precios mínimos de sustentación: 34 dólares por el arroz cáscara grano corto y 36 dólares por el grano largo.

Según la información oficial, esta medida busca mantener la estabilidad del mercado y evitar distorsiones generadas por la intermediación, especialmente en periodos de sobreoferta.

En paralelo, la modalidad de contratación pública ya permitió la adjudicación de 54.059 quintales de arroz pilado (5.405 toneladas) a productores de Guayas y Los Ríos, con una inversión de 1.729.888 dólares.

Estas acciones se enmarcan en un esfuerzo por fortalecer la cadena de valor del arroz y garantizar un entorno comercial más equitativo y transparente, tanto para las agroindustrias como para los productores.

De acuerdo con el Gobierno, los mecanismos implementados buscan generar liquidez en el sector rural, reducir pérdidas por sobreoferta y asegurar que las transacciones se realicen conforme a los precios mínimos establecidos.

El arroz constituye uno de los principales productos agrícolas del país, y las nuevas medidas se perfilan como parte de una estrategia para estabilizar el mercado y promover sostenibilidad en el sector arrocero ecuatoriano.

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