El 12 de diciembre de 2013, a 48 horas de haber recibido un proyecto de Ley del Ejecutivo, 100 entusiastas congresistas se reunieron para aprobarlo con una celeridad insólita en nuestro Estado.
Carlos Paredes, ex presidente de Petroperú, quien prepara un libro sobre la entidad, me comentó que con solo 2 votos en contra, la norma tuvo el respaldo de la bancada del gobierno, y el de Fuerza Popular, APRA, Solidaridad Nacional, PPC, Alianza para el Progreso, Perú Posible y Unión Regional.
Se trataba de la Ley que permitiría la inversión en la modernización de la Refinería de Talara, la misma que se estima que costará 5 mil millones de dólares más intereses, adendas y otros.
En mayo de 2014, con la satisfacción de Beatriz Merino Lucero y Eva Arias Sologuren, entonces presidentas de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos y de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo respectivamente, Ollanta Humala ponía la primera piedra de las obras para las que Petroperú realizó la emisión más grande de bonos de la historia del Perú. Es evidente que cuando a la maquinaria le interesa andar, opera.
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En contraste, el departamento de Piura, Talara incluida, está muy afectado por la pandemia del Covid-19. En esta emergencia, el Estado resultó lento, desidioso y hasta inexistente. Quizá los más golpeados sean los pescadores artesanales de la región, a quienes pareciera que no los ven.
Es así que cada día se viven innumerables dramas humanos en caletas como Puerto Rico, Playa Blanca, Parachique, Constante, Chulliyache, La Tortuga, La Islilla, Yacila, Puerto Nuevo, El Toril, Colán, Negritos, Lobitos, Cabo Blanco, El Ñuro, Los Órganos y Máncora.
Con excepción de Parachique y Máncora, cada una tiene menos de 5,000 habitantes, y su número de pescadores varía entre 150 y 700. Ante la inactividad de restaurantes (sus principales clientes) y la escasez de elementos como mascarillas, desinfectantes, guantes, etc., han paralizado intermitentemente sus actividades, tienen poca provisión de alimentos y magros ingresos.
En conjunto, el 60% ha recibido solo uno de los bonos y menos del 5% de los pescadores han conseguido créditos de Fondepes. Las postas médicas están generalmente desabastecidas y atienden irregularmente. El gobierno nacional, así como el regional y local, no los incluye en sus programas de asistencia, ni les entregan víveres o suministros: son invisibles para el Estado.
A pesar de sus enormes esfuerzos por mantener la distancia social y evitar contagios, éstos han aumentado y se han convertido en una aterradora amenaza. No hay espacio para recriminaciones ni para búsqueda de responsables, es la hora de cambiar de actitud. El Perú debe saber que existen y que necesitan que su país sea solidario con ellos.
Es impostergable que se elabore un plan que les asegure la atención que reclaman: oxígeno, elementos de protección personal, jabón, alcohol, termómetros, oxímetros, pruebas de diagnóstico, medicamentos específicos, personal sanitario y alimentos.
Si se le encargara la misión a las Fuerzas Armadas, al sector privado o a los propios pescadores, estas calamidades podrían revertirse en un breve plazo, pero se necesita presteza y sentido de la urgencia. Costaría menos que las oficinas y mobiliario de la refinería.
Esto mismo ocurre en otras caletas del Perú y en las zonas rurales de la costa, sierra y amazonia. Una verdadera Nación no puede desamparar a sectores de su población, al punto de poner en riesgo su subsistencia. El Estado no debe seguirlos ignorando, ni los burócratas ser tan insensibles de mantenerlos invisibles.
Por: Alfonso Miranda Eyzaguirre
Ex Viceministro de Pesquería de Perú
