las olas rompientes en Ecuador serán parte de un registro técnico y público tras la aprobación de la Ley Orgánica de Gobernanza del Espacio Marino-Costero, normativa que busca proteger las zonas donde se forman rompientes de olas, ordenar el uso del mar y establecer mecanismos de coordinación institucional para la gestión de los espacios marino-costeros del país.
La ley fue aprobada por el Pleno de la Asamblea Nacional el 21 de mayo, con 79 votos afirmativos. La propuesta tiene origen ciudadano y está vinculada a una demanda de protección impulsada desde comunidades costeras y sectores relacionados con el surf, la conservación marina y el turismo.
¿Qué significa proteger las olas rompientes?
La protección de las olas rompientes implica reconocer que estos espacios no solo tienen valor deportivo o recreativo, sino también ambiental, turístico, cultural y económico.
Las rompientes son zonas donde las olas se forman y rompen de manera natural. Para comunidades costeras, estos espacios pueden estar relacionados con actividades como surf, turismo, recreación, identidad local y conservación de ecosistemas marinos.
La nueva normativa plantea que estas zonas puedan ser identificadas, catalogadas y gestionadas mediante un Registro Nacional de Zonas de Rompientes, que funcionará como una herramienta técnica y pública para su protección dentro del espacio marino-costero nacional.
Una iniciativa que nació desde la ciudadanía
El proceso tiene como antecedente una propuesta ciudadana impulsada desde General Villamil Playas, en Guayas. La iniciativa surgió ante la preocupación de la comunidad surfista por proyectos de infraestructura que, según sus promotores, podían afectar la formación natural de las olas.
Con el paso del tiempo, el debate se amplió hacia una discusión más general sobre la necesidad de contar con una ley que ordene el uso del mar, proteja ecosistemas sensibles y defina reglas para actividades productivas, turísticas, científicas y recreativas en la zona costera.
Consejo Interinstitucional del Mar
La ley también plantea la creación de un Consejo Interinstitucional del Mar, concebido como un espacio de coordinación para la gobernanza del territorio marino-costero.
Este organismo deberá articular criterios técnicos, planificación y políticas públicas relacionadas con el uso del mar, la protección de ecosistemas, el desarrollo de actividades económicas y la gestión de riesgos.
El desafío estará en que este mecanismo funcione con criterios técnicos, participación territorial y equilibrio entre conservación, producción y desarrollo local.
¿Qué actividades se podrán realizar en el mar?
La normativa no limita el uso del mar únicamente a actividades deportivas. También reconoce una serie de actividades que podrán desarrollarse dentro del espacio marino-costero, siempre bajo criterios de planificación, regulación y sostenibilidad.
Entre las actividades contempladas se encuentran:
- Seguridad integral del Estado, soberanía y defensa de los espacios marítimos.
- Navegación, transporte marítimo, logística y comercio marítimo.
- Pesca artesanal e industrial, acuacultura y maricultura.
- Actividades portuarias, fondeo, dragado, levantamientos hidrográficos y oceanográficos.
- Turismo, recreación, deportes acuáticos y actividades culturales vinculadas al mar.
- Investigación científica, innovación, biotecnología marina y monitoreo oceanográfico.
- Infraestructura estratégica, instalación de tuberías y cables submarinos, telecomunicaciones y obras vinculadas al espacio marino-costero.
- Exploración, aprovechamiento y extracción sostenible de recursos naturales vivos y no vivos.
- Generación de energías renovables marinas, también conocidas como energías azules.
- Protección, preservación, restauración y conservación de ecosistemas marino-costeros y oceánicos.
- Gestión de riesgos, prevención, mitigación y control de impactos ambientales, naturales y antrópicos.
- Usos urbanos, rurales y demás actividades compatibles con el ordenamiento del espacio marino-costero.
Turismo, pesca y conservación entran en la misma discusión
Uno de los puntos más relevantes de la ley es que coloca en una misma agenda actividades que muchas veces se han gestionado por separado: pesca, turismo, deportes acuáticos, conservación, infraestructura, investigación y actividades portuarias.
Para las comunidades costeras, esto puede representar una oportunidad si la aplicación de la norma permite ordenar el territorio, proteger ecosistemas y generar condiciones para actividades sostenibles.
En el caso del turismo, la protección de rompientes puede beneficiar a zonas vinculadas al surf y a la recreación costera. En el caso de la pesca y la acuacultura, el reto será que la planificación respete las dinámicas productivas de quienes dependen del mar como fuente de empleo e ingresos.
Debate sobre el alcance de la ley
La aprobación de la normativa también generó debate político. Sectores legislativos que votaron en contra expresaron preocupación por algunos artículos relacionados con el aprovechamiento de recursos naturales vivos y no vivos, al considerar que podrían abrir interpretaciones sobre actividades extractivas en el mar.
Por otro lado, defensores de la ley han señalado que el objetivo principal es ordenar la gobernanza marino-costera, proteger ecosistemas y establecer reglas más claras para el uso del espacio marítimo.
Esta discusión muestra que la etapa de implementación será clave. La reglamentación, los controles ambientales y la participación de comunidades costeras serán determinantes para evitar vacíos o interpretaciones que puedan generar conflictos.
Un nuevo marco para el espacio marino-costero
La aprobación de esta ley marca un precedente en la gestión del mar en Ecuador. Más allá de la protección de olas, la normativa abre una discusión sobre cómo se ordenan las actividades económicas, ambientales, culturales y recreativas en el territorio marino-costero.
Para los sectores productivos, el principal desafío será que la aplicación de la ley garantice seguridad jurídica, protección ambiental y condiciones claras para actividades como pesca, acuacultura, turismo, comercio marítimo e infraestructura.
Lo que viene
Tras la aprobación legislativa, el siguiente paso será la aplicación de la normativa conforme al procedimiento correspondiente. En esa etapa se deberá definir cómo operará el Registro Nacional de Zonas de Rompientes, cómo funcionará el Consejo Interinstitucional del Mar y qué instrumentos se utilizarán para ordenar los usos del espacio marino-costero.
La ley abre una oportunidad para fortalecer la planificación del mar, pero su impacto dependerá de una implementación técnica, transparente y participativa.
