El sector camaronero ecuatoriano planteó ante la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional una serie de observaciones al proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca, con énfasis en cinco temas considerados prioritarios: moratoria para nuevas camaroneras en suelos agrícolas, titularización voluntaria de concesiones, electrificación del sector, uso no consuntivo del agua y eliminación de posibles cobros duplicados por parte de gobiernos locales.
La exposición estuvo a cargo de Oswin Marcelino Crespo, vicepresidente de la Federación Ecuatoriana de Acuicultores (FEDAC), quien compareció en comisión general durante la sesión ordinaria de la Comisión de Soberanía Alimentaria, Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero.
Una actividad clave, pero con nuevos desafíos
Durante su intervención, Crespo señaló que la producción camaronera ecuatoriana ha tenido un crecimiento sostenido en los últimos años, impulsada por mejoras tecnológicas, avances en genética, alimentación automática, aireación y mayor capacidad productiva.
Según los datos expuestos, Ecuador pasó de exportar 474 millones de libras de camarón en 2013 a 3.074 millones de libras en 2025. En términos de ingresos, el sector habría pasado de aproximadamente USD 1.620 millones en 2013 a USD 7.474 millones en 2025.
El dirigente indicó que Ecuador representa cerca del 30 % del camarón que se produce en el mundo. Sin embargo, advirtió que este crecimiento también ha generado presiones sobre el mercado internacional, con una caída importante de precios y una mayor competencia frente a países como India y Tailandia.
Moratoria para nuevas camaroneras en suelos agrícolas
Uno de los principales planteamientos fue establecer una moratoria o regulación más estricta para la construcción de nuevas camaroneras en suelos agrícolas.
Crespo sostuvo que, solo en Guayas, entre 2020 y 2025 se habrían incorporado alrededor de 53.000 hectáreas de camaroneras en suelos agrícolas. A criterio del sector, esta expansión puede generar afectaciones ambientales y productivas, especialmente por el riesgo de salinización del subsuelo y posible impacto sobre acuíferos.
El representante de los acuicultores señaló que el camarón requiere condiciones de salinidad para su desarrollo, por lo que la operación en zonas agrícolas podría comprometer la calidad de los suelos en el tiempo.
También cuestionó que varias regulaciones incluidas en el reglamento de la Ley Orgánica de Acuicultura y Pesca no se habrían aplicado adecuadamente, especialmente luego de la actualización de las zonas agrológicas por parte del Ministerio de Agricultura.
Por ello, propuso que ciertas disposiciones pasen del reglamento a la ley, incorporando de manera expresa las nuevas zonas agrológicas y estableciendo mayores controles sobre el uso del suelo agrícola.
Riesgo de concentración en la industria
Crespo también alertó sobre una posible concentración de la actividad camaronera en manos de pocos actores de gran escala.
Según explicó, la combinación de alta tecnología, mayor eficiencia y expansión territorial puede consolidar estructuras productivas muy grandes, dejando en desventaja a pequeños y medianos productores.
En su intervención, mencionó el caso de una camaronera de 4.500 hectáreas con alto nivel tecnológico que, según dijo, produce una parte significativa de las exportaciones nacionales. A partir de ese ejemplo, advirtió que una expansión sin control podría afectar la sostenibilidad económica de productores más pequeños.
Titularización voluntaria de concesiones camaroneras
El segundo planteamiento fue la titularización voluntaria de concesiones camaroneras.
Crespo explicó que las camaroneras ubicadas en tierras altas cuentan con escrituras y pueden ser hipotecadas. En cambio, aquellas que operan bajo concesiones en zonas que antes fueron manglar, y que fueron legalizadas por el Estado, no pueden hipotecar sus concesiones.
Esto, según el dirigente, limita el acceso al crédito y deja a muchos productores fuera del sistema financiero formal.
El representante indicó que cerca de 63.000 hectáreas de camaroneras en Ecuador estarían bajo régimen de concesión en zonas de playa y bahía. Aunque existe una inversión significativa en infraestructura, muros, bombas, compuertas, aireadores y alimentadores, los productores no pueden usar esos activos como garantía real ante la banca.
La propuesta apunta a crear un mecanismo de titularización o una figura legal que permita a los concesionarios convertirse en sujetos de crédito sin que esto implique nuevas afectaciones al manglar.
Electrificación para reducir costos y cambiar la matriz energética
El tercer tema abordado fue la electrificación de camaroneras.
Crespo explicó que gran parte del bombeo de agua en camaroneras se realiza con bombas a diésel. Según su exposición, si el sector camaronero estuviera completamente electrificado, podría demandar entre 2.200 y 2.500 megavatios, una cifra relevante para la planificación energética nacional.
El dirigente sostuvo que la electrificación podría generar beneficios tanto para el productor como para el Estado. Para las camaroneras, representaría una reducción cercana al 40 % en el rubro de energía frente al uso de diésel. Para el Estado, podría disminuir la dependencia de combustible importado y subsidiado en determinados segmentos.
También recordó la existencia de financiamiento gestionado años atrás con organismos multilaterales, como la CAF y el BID, para proyectos de electrificación camaronera. Según indicó, existen avances en Manabí y Esmeraldas, mientras que en El Oro el proceso estaría más retrasado.
La propuesta del sector es que el Estado lleve la infraestructura eléctrica hasta el lindero de las camaroneras y que, desde ese punto, cada productor financie e instale las redes internas necesarias. También se planteó la posibilidad de incluir la amortización de equipos en la planilla eléctrica durante un plazo de hasta 10 años.
Uso no consuntivo del agua
El cuarto punto fue el uso no consuntivo del agua en la actividad camaronera.
Crespo argumentó que las camaroneras bombean agua desde el mar o esteros hacia las piscinas, pero esa agua retorna nuevamente por las compuertas de salida. Por ello, sostuvo que la actividad no consume el agua en el sentido tradicional, sino que la utiliza dentro de un circuito productivo que requiere renovación constante.
El dirigente cuestionó posibles exigencias de medición diaria, mensual y anual del volumen captado, balances hídricos, medición por piscina y análisis de calidad de agua antes y después del bombeo, al considerar que podrían resultar poco viables para la operación real del sector.
Según explicó, en el país existirían miles de piscinas camaroneras, por lo que exigir medición individual en cada una podría generar una carga operativa excesiva.
El sector plantea que la ley deje claramente establecido el carácter no consuntivo del uso del agua en la acuicultura camaronera y que se eviten cobros o requisitos que, a su criterio, no responden al funcionamiento técnico de la actividad.
Posibles cobros duplicados de gobiernos locales
El quinto tema planteado fue la necesidad de evitar cobros duplicados o tasas municipales consideradas improcedentes por parte de algunos Gobiernos Autónomos Descentralizados.
Crespo mencionó casos en cantones como Santa Rosa y Arenillas, donde, según dijo, se estarían aplicando cobros por uso de suelo o tasas ambientales en zonas de playa y bahía, pese a que la competencia sobre esos espacios no correspondería a los municipios.
El sector propuso una reforma orientada a garantizar seguridad jurídica, competencia territorial clara y no duplicidad de tasas aplicables a actividades acuícolas, agroalimentarias y afines.
Asamblea plantea revisar alcance de la reforma
Durante la sesión, la asambleísta Luis Fernando Molina advirtió que la comisión debe delimitar con claridad el alcance del proyecto de reforma para evitar que se incorporen temas que puedan generar problemas de constitucionalidad o afectar la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados.
La legisladora señaló que, antes de incluir reformas relacionadas con tasas municipales, se debería solicitar información para conocer la realidad de los cobros y evitar extender la normativa a materias no conexas.
Ante esa observación, Crespo solicitó mantener reuniones técnicas y jurídicas con el equipo de la Comisión de Soberanía Alimentaria para explicar con mayor detalle cada uno de los puntos planteados.
Preguntas sobre minería marina, diésel y crédito
En la sesión también se plantearon inquietudes relacionadas con la reciente normativa sobre gobernanza marino-costera, la posibilidad de actividades extractivas en el mar, el uso de diésel en el sector camaronero y el acceso a crédito.
Sobre actividades mineras o extractivas en el mar, Crespo señaló que el riesgo principal estaría en una mala ejecución y en eventuales fugas o derrames, especialmente si ocurren cerca de la costa.
En cuanto al diésel, explicó que las camaroneras de mayor tamaño pagan diésel industrial, mientras que productores con menos de 30 hectáreas accederían a otro esquema de combustible. También insistió en la necesidad de actualizar el censo camaronero, debido a que, según indicó, no se realiza uno desde hace más de 10 años.
Un debate clave para acuicultura, agricultura y territorio
La comparecencia dejó en evidencia la necesidad de revisar el marco legal que regula la actividad acuícola en Ecuador, especialmente en temas donde se cruzan producción, ambiente, uso del suelo, financiamiento, energía y competencias institucionales.
El sector camaronero plantea que las reformas deben brindar seguridad jurídica, mejorar el acceso al crédito, ordenar la expansión productiva y facilitar la transición energética.
No obstante, el debate legislativo deberá equilibrar estas demandas con la protección de suelos agrícolas, ecosistemas costeros, autonomía de los gobiernos locales y sostenibilidad de la actividad en el largo plazo.
La Comisión de Soberanía Alimentaria solicitó incorporar las observaciones presentadas en la matriz de trabajo del proyecto y pidió que los aportes sean remitidos por escrito para continuar con el análisis técnico y legislativo.
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