El verdadero desafío con las reformas emprendidas por el Presidente Santos es atacar el grave fenómeno de la desigualdad, a través de una gestión pública competente que, además, llegue a todos los rincones.
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La reestructuración del Estado realizada por el Presidente Juan Manuel Santos se inscribe en la concepción ideológica de la Tercera Vía, propuesta por el sociólogo inglés Anthony Giddens. Consiste en la búsqueda de un camino intermedio entre el liberalismo clásico (con un Estado mínimo) y la concepción del Estado de bienestar socialdemócrata europeo postSegunda Guerra Mundial (de intervención directa).
La Tercera Vía se caracteriza por la aplicación del principio retomado por Santos de “el mercado hasta donde sea posible y el Estado hasta donde sea necesario”.
Combinada con los principios de eficiencia y transparencia, la fórmula se inscribe en un liberalismo social que prioriza los dispositivos de políticas públicas basados en el mercado autorregulador, en donde el Estado actúa solo de forma subsidiaria para corregir las “fallas” de mercado y orientar el comportamiento de los individuos o empresas.
El énfasis está puesto en el crecimiento económico como principal problema de las economías industrializadas de ese momento, y no en la reducción de las desigualdades sociales y económicas. Este último problema había sido resuelto por las políticas de redistribución de los ingresos, desarrolladas por el Estado de Bienestar, mediante políticas sociales universales y tributarias progresivas.
Costos vs. Eficiencia
La nueva concepción se implementó primero en los Estados anglosajones y luego conquistó casi todo el planeta por los éxitos económicos de Gran Bretaña y Estados Unidos y el desmoronamiento del socialismo del bloque soviético (1989-1991). América Latina no fue ajena. Se concretó en el contexto de la crisis de la deuda de la década de los 80, mediante el diseño e implementación del llamado Consenso de Washington de 1989 (Decálogo de los principios neoliberales).
Este pregonó por una reforma que consistía en una mayor apertura a los mercados internacionales, la privatización de las empresas públicas, la desregulación de los sectores de la salud y la educación (con su apertura al mercado) y, como objetivo general, la reducción del tamaño de las burocracias públicas consideradas ineficientes, pletóricas, y corruptas, que disfrutan de privilegios indebidos.
En Colombia, esa concepción fue aplicada a partir de la Constitución de 1991. La fusión de los ministerios del 2002, operada por el presidente Álvaro Uribe y su fallido referendo del 2003, se inscribió en esta línea.
La reestructuración de Santos, si bien continúa e incluso refuerza la línea neoliberal, introduce cambios relacionados con la Tercera Vía y con las propuestas contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad para Todos”.
Entre estos cambios se destacan la creación de diversas agencias para las “locomotoras” del Plan de Desarrollo (Agencia Nacional Minera, Agencia Nacional de Infraestructura). Se busca corregir lo que no dio resultados en términos de reducción de costos y aumento de eficiencia (recreación de los ministerios de Salud, Trabajo, Ambiente y Vivienda, y Justicia), y se reestructuran instituciones muy cuestionadas por escándalos de corrupción y clientelismo (DAS, INCO, DNE).
Otro cambio es la creación de la agencia Colombia Compra Eficiente, que, sobre el modelo chileno, centralizará las compras del Estado con el fin de disminuir costos. El éxito de la entidad dependerá de su efectividad para lograr efectuar las compras para todo el sector público en los tiempos adecuados, así como de su capacidad para resistir las inevitables presiones clientelistas y corruptoras.
Desigualdad
Quizá el cambio más importante es la creación del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DAPS) en el que se reagrupan varias instituciones y dependencias (ICBF, Acción Social, Familias en Acción, Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, Unidad para la Consolidación Territorial), y en el cual se incluye la reparación de víctimas del conflicto armado (Unidad para la Atención y Reparación de Víctimas, Centro de Memoria Histórica).
Es una gran entidad para la protección o asistencia social financiada con recursos públicos y provenientes de la cooperación internacional. Como se nota, se excluyó un elemento tradicional de la política social: la salud, que contará con su propio Ministerio, cuya misión será supervisar y orientar la operación del sistema, esencialmente efectuada por los privados.
El DAPS concreta el Estado considerado como “necesario” en los aspectos de la “política social”, mediante programas de atención focalizados e individualizados. El ente manejará el 31% de la inversión total del país (5,7 billones de pesos) y llegaría a atender a 11 millones de colombianos.
No hay indicaciones de un esfuerzo serio para reducir las abismales desigualdades sociales y económicas mediante políticas de redistribución más estructurales. Además, por su tamaño, funciones y nombre, el DAPS podría transformarse en un instrumento para favorecer la reelección del Presidente Santos.
Frente a las preocupaciones por un posible crecimiento de la burocracia pública vale la pena destacar que Colombia dispone de 1 empleo público por cada 45; es el sector público más pequeño de Latinoamérica, un enano burocrático.
El problema no es de reducir el Estado, sino más bien de desplegar su actividad con mayor presencia y eficacia para que llegue a toda la población.
