La Ley Orgánica Agropecuaria enfrenta un rechazo frontal por parte de productores bananeros, arroceros, y representantes del sector campesino, quienes consideran que el proyecto normativo pone en riesgo la estabilidad económica del campo ecuatoriano y vulnera los derechos de pequeños y medianos agricultores.
El sector productivo agropecuario manifestó su preocupación ante lo que califican como medidas que afectarían directamente la sostenibilidad del agro nacional. Entre los puntos más cuestionados se encuentra la eliminación del Precio Mínimo de Sustentación (PMS), mecanismo que, según los gremios, garantiza un pago justo al productor.
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El abogado Segundo Solano, presidente de la Asociación de Bananeros Orenses, señaló que la eliminación del PMS representa un retroceso significativo para el sector bananero. Indicó que la medida dejaría a miles de familias productoras expuestas a la especulación del mercado y a la concentración de capital.
Solano advirtió que el impacto recaería principalmente sobre pequeños y medianos productores, debilitando la cadena productiva y comprometiendo la sostenibilidad del banano ecuatoriano, uno de los principales productos de exportación del país.
Por su parte, el dirigente arrocero José Luis García expresó su preocupación por la aplicación de aranceles del 50 % en la relación comercial con Colombia, lo que —según explicó— afectaría la competitividad del arroz ecuatoriano, reduciría mercados y generaría pérdidas económicas considerables.
Representantes del sector maicero también alertaron que la eliminación de mecanismos de sustentación podría abrir paso a escenarios de competencia desleal, favoreciendo a grandes capitales y desplazando a agricultores de menor escala, con posibles efectos en la seguridad alimentaria nacional.
Ante este escenario, los gremios anunciaron una jornada de movilización nacional prevista para el 13 de marzo, como medida de protesta y exigencia de revisión del proyecto de ley. Las organizaciones demandan que la normativa sea archivada o reformulada mediante un proceso participativo que incluya a todos los eslabones de la cadena productiva.
Los dirigentes hicieron un llamado a la Asamblea Nacional del Ecuador para que se abra un espacio de diálogo técnico y transparente, que permita evaluar los impactos de la normativa y garantizar reglas claras para el sector.
“El campo no puede sostenerse sin reglas claras ni precios justos. Defender al productor es defender la economía y la seguridad alimentaria del país”, manifestaron los representantes gremiales.
