Mientras Javier Milei participaba en Davos del Foro Económico Mundial, foro que termina hoy con la presencia de líderes destacados con en el lema bajo el lema “Colaboración para la era inteligente”, su ministro de economía anunció una reducción temporaria del impuesto a la exportación que pagan los principales cultivos de Argentina, una de las fuentes centrales de divisas para el país.
La medida responde al creciente reclamo de los productores agrarios, asediados por la caída de precios internacionales de las commodities y por la apreciación del peso argentino que ha generado el plan económico de Milei.
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La baja impositiva regirá hasta fines de junio y alcanzará a la soja y sus derivados, el trigo, la cebada, el sorgo, el maíz y el girasol. La mayor disminución beneficiará al poroto de soja: los derechos de exportación pasarán del 33 al 26%. Se eliminarán en forma definitiva las retenciones a las economías regionales, un conjunto que incluye las producciones de azúcar, algodón, tabaco, arroz, maní, cuero y lanas, entre otras.
Los voceros oficiales sostuvieron que no pueden hacer permanente esta rebaja porque el Estado no tiene recursos y debería lograr un superávit equivalente a 8.000 millones de dólares para eliminar las retenciones al agro: en 2024, tras un profundo ajuste del sector público, el superávit fiscal rondó los 1.600 millones de dólares.
En las últimas dos décadas, el impuesto a las exportaciones agropecuarias, en especial a la soja, se convirtió en un ingreso clave para las arcas del Estado argentino y, a la vez, permitió desacoplar los precios locales de los internacionales.
Las organizaciones rurales argentinas sostienen que han aportado 200.000 millones de dólares en impuestos a las exportaciones en 20 años y que los productores están “agobiados” por la presión impositiva. También cuestionan las restricciones cambiarias que los fuerzan a entregar los dólares de sus exportaciones al Banco Central, a una cotización oficial inferior a la del mercado informal.
Ese escenario se complicó en los últimos meses, con la caída del precio de la soja y la apreciación de la moneda argentina. Grandes empresas del sector agropecuario se declararon en default y anunciaron que no podrán pagar sus obligaciones.
Esta semana, gobernadores de las provincias de Santa fe, Córdoba, Martin Laryora y Entre Rios, donde la producción agraria es el corazón económico y laboral, dejaron de lado su alianza política con Milei y exigieron una baja de las retenciones como acción urgente para evitar que el campo se funda.
Además de desactivar el reclamo ruralista, con la baja de retenciones el Gobierno argentino aspira estimular la liquidación de exportaciones y el ingreso de divisas, mientras negocia con el Fondo Monetario Internacional un nuevo acuerdo que inyecte fondos frescos en las necesitadas arcas argentinas.