Hacia finales del gobierno del presidente Humala, la pota y el perico se habían consolidado como claves en las exportaciones pesqueras para consumo humano, pero las embarcaciones que los extraían operaban en la informalidad. Entonces, luego de numerosas “mesas técnicas” en búsqueda de soluciones, apareció una alternativa que proponía crear cooperativas como vehículos para la adecuación legal. Es así que se logró aprobar en junio de 2016, a un mes del cambio de autoridades, el marco jurídico para la formalización vía cooperativas pesqueras.
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Con esta acción, concluyó el quinquenio de Ollanta Humala, y se dio inicio al último lustro antes de nuestro Bicentenario. La nueva gestión, lejos de iniciar su mandato formalizando con criterio de urgencia, decidió trabajar pacientemente durante dos años en el perfeccionamiento de la norma, porque consideró que ésta no era ejecutable tal como fue aprobada. Se crearon procedimientos que permitirían que en un lapso estimado de tres meses se obtengan, al fin, los nuevos certificados de matrícula. Sin embargo, no solo transcurrió ese trimestre sin lograr el objetivo, sino tres años en los que se han emitido menos del 10% de las matrículas. Hoy día, a solo dos meses del término de este gobierno, ya no hay posibilidades para concluir lo que no se ha logrado en cinco años, en los que los miembros de estas cooperativas han invertido tiempo, esfuerzo, dinero y sueños. Es exigencia ineludible que la actual administración prorrogue el plazo de formalización que vencerá el 30 de julio próximo.
En paralelo, en 2018 se creó el régimen conocido como SIFORPA II, para la gran mayoría de embarcaciones que seguía a la espera de tener la oportunidad de incorporarse a la economía formal. Actualmente, tras casi tres años de SIFORPA II, solo un 40% ha logrado obtener certificado de matrícula y menos de un 5% el permiso de pesca, último hito de la formalización. Nos hemos dado el lujo de crear dos caminos diferentes para lograr objetivos exactamente iguales. En ambos casos se está lejos de la meta.
Inesperados cambios de criterios para interpretar lo expresamente señalado en la norma, motivaron hace unos meses a los dirigentes de las cooperativas a presentar una denuncia ante INDECOPI, a fin de que dilucide si es legal que se les exija más requisitos que los que distingue la ley para expedirles sus matrículas. Esta semana se notificó el fallo de primera instancia, que da la razón a los pescadores y dispone enmendar cualquier perjuicio cometido, al exigir cumplir con temas no considerados en el dispositivo aplicable.
Tras cinco años sin avances definitivos, el panorama no es halagüeño para los hombres de mar. A pesar que especialistas de toda tendencia reconocen que la informalidad es corolario de no haber tenido respuestas eficaces para la inclusión económica, solucionarla oportunamente no ha sido la opción seguida por el Estado. Además, se ha contribuido a generar mayor descontento social en nuestro país que no soporta más decepciones y, con esto, penosamente se le están dando argumentos a aquellos que creen que la forma de mejorar las cosas es destruyéndolas.
La formalización debe ser sencilla, sumaria, barata y expedita. No es un punto final, sino de partida para tener pesquerías mejor gestionadas, seguridad jurídica, acceso al crédito, superiores condiciones de trabajo y más contribuyentes. Así lo debe entender el siguiente gobierno, para acercarse desde el primer día a los usuarios con caminos viables y para que no existan, acaso como hoy, dos economías, dos tipos de ciudadanos y dos países.
